Las más de 340 páginas del libro Los amos de la prostitución en España apuntan directamente hacia prácticas, en muchos casos y cuando menos, reprochables. Pero de todo ello subyace una realidad en la que se denuncian hechos con nombres y apellidos que de momento no han tenido su oportuna respuesta desde la Administración de Justicia.
Maquinar un plan como la Operación Argentina es un delito flagrante recogido en sendos artículos del vigente Código Penal y la Ley de Extranjería española. En concreto el artículo 188 del CP y el 318 bis de LE. Dicen literalmente:
[ARTÍCULO 188 Código Penal reformado L.O. 11/2003]
Artículo 188. 1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma.
2. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior, y además la pena de inhabilitación absoluta de seis a 12 años, a los que realicen las conductas descritas en el apartado anterior prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.
3. Si las mencionadas conductas se realizaran sobre persona menor de edad o incapaz, para iniciarla o mantenerla en una situación de prostitución, se impondrá al responsable la pena superior en grado a la que corresponda según los apartados anteriores.
4. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida.
[Artículo 318 bis Ley de Extranjería reformada L.O. 11/2003]
Artículo 318 bis. 1. El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión.
2. Si el propósito del tráfico ilegal o la inmigración clandestina fuera la explotación sexual de las personas, serán castigados con la pena de cinco a 10 años de prisión.
3. Los que realicen las conductas descritas en cualquiera de los dos apartados anteriores con ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima, o siendo la víctima menor de edad o incapaz o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, serán castigados con las penas en su mitad superior.
4. En las mismas penas del apartado anterior y además en la de inhabilitación absoluta de seis a 12 años, incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.
5. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 1 a 4 de este artículo, en sus respectivos casos, e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. En los supuestos previstos en este apartado la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.
6. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada.
Si leemos detenidamente el documento elaborado por el Despacho ABOGACÍA, que dirigen los abogados ultraderechistas José Luis Roberto Navarro y Manuel Salazar Aguado, observaremos que su redacción ha sido elaborada intencionadamente para contradecir –por no decir otra cosa- uno por uno ambos artículos de la legislación penal española. Resulta evidente la voluntariedad de quienes planearon el caso de infringir la ley, pero oficialmente no hay prueba alguna que acredite, de momento, que los planes se convirtieron en hechos. Y hoy por hoy estos planes no son suficientes para encausar a nadie, pero si para que le Justicia y los cuerpos de Seguridad del Estado no les quiten el ojo de encima.
La mano de la Ley
Y eso parece que si está ocurriendo. Tras el debate prolongado del Congreso de los Diputados sobre qué hacer con la prostitución en España, se decidió por mayoría que no se pondría en marcha ningún proyecto legal para regular el ejercicio de la prostitución en España. PSOE, PP y CiU unieron sus voluntades y consensuaron su posición contraria, mientras que IU-Verdes, Esquerra Republicana, PNV y otros grupos minoritarios abogaron por regular o, cuando menos, regular el ejercicio voluntario, privado y particular de quienes desean ejercer la prostitución por cuenta propia.
Hay que decir que esta actitud de los grupos mayoritarios del Congreso de los Diputados es contradictoria con sus posicionamientos, por ejemplo, en Cataluña. Donde todos, PSOE, CiU y también el PP, además de Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana, elaboraron la primera Ley que regula la prostitución en una comunidad autónoma, en este caso aprobada en julio de 2002. Resulta extraño que lo que fue bueno en 2002 no lo sea en 2007. Quizás la cercanía de las elecciones también hace extraños compañeros de cama.
Pero precisamente, el asunto en cuestión, su debate definitivo quedó aparcado hasta la llegada de mejores vientos, que vendrán cuando amaine el temporal electoral. Pero si se sugirió un plan para poner firmes a los amos de los burdeles mientras tanto.
Así, el 16 de abril pasado el Parlamento, a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer, pidió al Gobierno que investigue los clubes de alterne. Especialmente, investigar los ingresos que obtienen los clubes de alterne y perseguir a los proxenetas. El informe incorpora una propuesta del PP por la que las Cortes "instan al Gobierno para que interese al Fiscal General del Estado para que dicte una instrucción dirigida a que los fiscales extremen su seguimiento y rigor en la persecución de las conductas delictivas relativas a la prostitución, con particular atención a los que se llevan a cabo en los locales de negocios".
A su vez, en el ámbito de recomendaciones legislativas y policiales, pide que se incremente la investigación y la persecución del fraude fiscal y los delitos económicos relacionados con las actividades de trata, proxenetismo y comercio sexual. Además, el Ejecutivo deberá elaborar un Plan contra la explotación sexual que incorporará no sólo medidas contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, sino otras dirigidas a disminuir la demanda de prostitución.
Medio centenar de recomendaciones
El Parlamento realiza así medio centenar de recomendaciones de carácter general, de sensibilización, formación, atención a las víctimas, de orden legislativo y policial y también de ámbito internacional. El Ejecutivo deberá elaborar también un estudio en profundidad sobre la situación de la prostitución en España.
El traslado a la Fiscalía de estas peticiones concretas, que consisten en esencia atacar la línea de flotación del proxenetismo organizado en España, no se hizo esperar. Comenzaron las detenciones de dueños de burdeles, entre ellas de dirigentes de ANELA, como Marcos Montoya, responsable de la tesorería de la patronal de burdeles, al tiempo que todos sus negocios eran puestos patas arriba nuevamente, tras una primera operación denominada “Night Moon” que inició la Guardia Civil en mayo de 2006.
De hecho la mayoría de los amos y señores de la prostitución en España, entre cuyos máximos responsables se encuentran los integrados en ANELA y que pone cara el libro Los amos de la prostitución en España, están siendo objeto hoy día de una exhaustiva investigación económica.
No sólo del dinero negro de los burdeles, sino también de aquellos que se lucran ejerciendo actividades económicas cuyos ingresos proceden de negocios de prostitución. Los expertos en delitos económicos saben que las grandes sumas de dinero negro que genera la prostitución van a parar a negocios aparentemente limpios. Son muy pocos los que se limitan a amasar fortunas, y prefieren invertir, mediante operaciones tan simples como la constitución compulsiva de sociedades mercantiles a las que dotan de un desorbitado capital inicial y que poco después, meses algunos años –pocos- quiebran misteriosamente dejando descapitalizada la sociedad y, automáticamente, blanqueando sus fondos.
El ladrillo es otro destino habitual, de hecho es aquí donde los informes de investigación tienen un campo más amplio dado que según los datos que manejen los investigadores cerca del 80 por ciento de los amos de la prostitución, tanto dueños de burdeles como quienes les marcan las pautas y colaboran en sus negocios, tienen actividades empresariales inmobiliarias, un dato que el libro del periodista Joan Cantarero pone de manifiesto.
Una de estas empresas en el ojo del huracán es LEVANTINA DE SEGURIDAD SL, con sede en Valencia y otras empresas afines con sedes en Tarragona, Madrid, Granada y Castellón, cuya administradora es María Roberto Ramón, abogada e hija de José Luís Roberto, gerente y fundador de la empresa, además secretario general de ANELA y líder ultraderechista al que se le señala como presunto autor de numerosas acciones violentas fascistas.
De hecho, según ha sabido EXTRACONFIDENCIAL.COM, de fuentes policiales de máxima solvencia, las unidades del crimen organizado y las unidades de delitos económicos andan tras sus pasos, amen de las inspecciones del Ministerio de Hacienda que ha detectado presuntas – de momento- irregularidades fiscales que están siendo investigadas, que han llevado a analizar otras vías.
Entre los colaboradores de Hacienda en esta investigación figuran ex empleados de la empresa que, curiosamente, cuenta con un número importantes de agentes de la guardia civil, policía nacional y policías locales entre sus colaboradores, por lo que el Ministerio del Interior también esta haciendo sus horas.
La preocupación sobre las actividades criminales, como decimos, abarcan incluso a los servicios secretos españoles, que están tras la pista de las vinculaciones entre empresarios de la prostitución de cierta relevancia pública y organizaciones criminales rumanas y albano-kosovares, ya que hay sospechas sobre ciertas actuaciones impunes en urbanizaciones y polígonos industriales que supuestamente cuentan con patrullas de seguridad privada no del todo eficaces.
En la próxima entrega hablaremos de las vinculaciones de los amos de la prostitución con la delincuencia política y su participación en las próximas elecciones municipales y autonómicas.
